En el año 2014, el Consejo de Estado condenó administrativamente a la Nación por el asesinato de Josué Giraldo Cardona. Tres años después del fallo todo está por cumplirse
Ocho días antes que un sicario cegara la vida del brillante abogado y defensor de derechos humanos, Josué Giraldo Cardona, la dirección del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, UP, le reclamaban al ministro del interior de la época, Horacio Serpa, por la inminente muerte de dirigentes políticos en el departamento del Meta.
Era octubre del año 1996 y lo evitable sucedió. Desde la ciudad de Villavicencio se informaba el asesinato del destacado dirigente Giraldo. A pesar de que él mismo como abogado había interpuesto una tutela ante el Tribunal del Meta, reclamando el derecho a la vida y su debida protección por ser uno de los hombres más amenazados del departamento, nunca el Estado le garantizó la vida.
La sentencia
No bastaron las tutelas ni reclamos de protección, solicitados desde la comunidad internacional, para que un sicario al servicio del paramilitarismo y con ayuda del Ejército, apostado en la VI Brigada, y el liquidado DAS, acabaran a tiros con su vida.
Dos décadas después del crimen, el Consejo de Estado falló en contra del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional e impuso, además de una indemnización por perjuicios materiales a su familia, una serie de reparaciones simbólicas, políticas y culturales en favor de la memoria del dirigente y de su colectividad política.
Entre los apartes más destacados de la sentencia, el alto tribunal de lo contencioso le obliga a la Unidad de Protección y a la Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección, financiar el montaje y la adaptación de una exposición itinerante a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, en homenaje a la vida y el sacrificio de todos aquellos activistas defensores de derechos humanos en Colombia: “para que mediante dicha exposición se conserven en la memoria nacional las luchas sociales de los activistas de derechos humanos y se difundan sus ideales no siempre reconocidos en la conciencia nacional”, indica la sentencia del magistrado ponente Danilo Rojas Betancourth.
Igualmente le ordena a la Policía Nacional sufragar los gastos de la realización de un documental de 24 minutos de duración y un cortometraje de 7 minutos de duración, cuya realización, contenido, alcance y ejecución de los recursos estará a cargo del CMHN. En ambas producciones se hará una narración biográfica que destaque la vida, ideales y luchas de Josué Giraldo Cardona.
Además dicha producción deberá ser proyectada en colegios, universidades, cines y canales regionales que quieran reivindicar la memoria de quien fue fundador del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. Añade el magistrado, que la realización deberá ser transmitida en todos los cines de Colombia y para eso exhorta al Ministerio de Cultura para la ejecutar dicha orden judicial, previo a que el CNMH sufrague los gastos del cortometraje en un lapso no superior a dos años. Hasta aquí no se ha cumplido nada de lo estipulado en el mandato judicial.
Centro memoria
Pero un punto medular de la sentencia es con la construcción de un lugar de memoria en la ciudad de Villavicencio, capital del Meta, en el cual se ordena “la construcción de un lugar de la memoria en donde se erija un monumento en honor al partido político, para honrar la memoria de todos los que han sacrificado incondicionalmente su vida para la realización plena y pacífica de sus idearios políticos”. En esa construcción deberá quedar una placa en la que queden grabadas, de manera suficientemente clara y perdurable, los ideales del movimiento.
Ese asunto en particular le preocupa a la militancia de la Unión Patriótica en el departamento y vienen advirtiendo que dicho espacio físico al servicio de la memoria, no se puede quedar en el papel y menos que se convierta en un elefante blanco.
Para su construcción la alcaldía de Villavicencio no ha habilitado los terrenos en donde quedará el centro memoria, como tampoco ha iniciado los acercamientos con el CMNH para coordinar esfuerzos en la idea de cumplir la sentencia judicial.
Los miembros de la dirección regional de la UP, señalan que deben ser los sobrevivientes los encargados de dar el aval, no solo del lugar de la construcción sino también de la adecuación del museo memoria. Aunque el diseño de la obra está a cargo del CNMH, los sobrevivientes se adelantaron y, mediante encuentros municipales, construyeron una propuesta arquitectónica para el museo con diseños que evoquen la memoria, la reconciliación y la firmeza ideológica de los militantes de la UP.
Para James Barrera, hijo del dirigente viviendista del Meta que lleva su mismo nombre y quien fuera compañero de militancia de Giraldo, la sentencia de ese caso contiene elementos de vital importancia para la memoria y restauración política de la UP en ese departamento: “Es la primera experiencia de reparación administrativa que contiene un símbolo, que será permanente en la mente de las generaciones que fueron testigos del genocidio, las generaciones que han tenido que levantarse de la tragedia y quienes serán los militantes de la UP en el inmediato futuro”, dice Barrero.
Hay preocupaciones
La preocupación que tienen los sobrevivientes de la UP es que hay antecedentes de incumplimientos en los contratos suscritos en ese departamento para la construcción de parques para la memoria y la paz. El caso que más llama la atención lo denunció el periodista Sneyder Rico: “Para conmemorar a las víctimas del conflicto armado en el Meta, en marzo de 2015 con bombos y platillos el exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola, puso la primera piedra de lo que sería el Parque de Memoria Histórica en el municipio de El Castillo. Con una inversión de $ 9 mil 852 millones de pesos, la Unión Temporal Moriah, cuyo representante legal es Camilo Andrés Orozco Segua, firmó el acta de inicio del contrato 023 de 2015 el 5 de marzo de 2015 para ejecutar la obra en 12 meses”, señala la noticia publicada en el canal Chamorro Televisión de Villavicencio.
Por eso Barrero, quien hace parte de la organización Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, H.I.J.O.S, dice que como veedores, la lupa esta puesta en el proyecto y que prende las alertas tempranas para que no caiga en manos de la corrupción.
“El museo de memoria será tan importante porque allí se van a ver reflejadas las historias de lucha de quienes cayeron por buscar la democracia en el país. Por eso no vamos a permitir que se enrede en la madeja burocrática, ni que se extiendan los tiempos del cumplimiento de la sentencia, sin razón alguna. Lo que pedimos es que las autoridades condenadas, Policía Nacional y las instituciones obligadas como el Centro de Memoria y la Alcaldía de Villavicencio cumplan la sentencia, pues ya tienen un retraso en los cronogramas”, señaló Barrero.
La sentencia de Giraldo es tal vez una de las más completas en términos de reparación administrativa que se conoce sobre víctimas de la UP. A pesar de eso no satisface el concepto de reparación integral que el movimiento exige, el caso Giraldo, puede estar entre los estándares mínimos de reparación individual por la persecución criminal contra su militancia.
