La movilización masiva y popular expresada en la lucha callejera a lo largo del territorio nacional logró que el gobierno retirara la reforma tributaria del Congreso de la República y la renuncia del Ministro Carrasquilla. El paro nacional que inició el 28 de abril es la más radical expresión de rebeldía y de rechazo rotundo a la reforma tributaria y a las lesivas acciones contra el pueblo por parte del presidente Duque y abre un camino a la construcción de un proceso de resistencia popular jalonado por el gran protagonismo de la juventud.
La gran indignación e inconformismo es producto de la grave situación que padece la población, 7.47 millones de personas están en la pobreza extrema, de un total de 21,02 millones de ciudadanos que viven en pobreza (DANE 2021), sumado al aumento del desempleo, que pone de manifiesto la calamidad que ha generado la pésima política económica y social del actual gobierno. Esta situación ha obligado a que la gente se arriesgue al posible contagio de la covid, al salir a las calles a reclamar sus derechos ante el hambre que impera y ante el cual, Duque y Carrasquilla son indiferentes.
Ante el masivo respaldo al paro y la fuerza arrolladora de las movilizaciones, la respuesta del gobierno ha sido la militarización del país, con la cual pretende debilitar los gobiernos civiles locales y empoderar a los comandantes castrenses, decisión claramente violatoria de la Constitución Política. Algunos gobernantes se han prestado al juego dictatorial de Duque. Otros rechazaron la militarización de las zonas urbanas por los riesgos a que se expone la vida de los protestantes, así sucedió en Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, principalmente.
Es importante destacar, que la reforma tributaria como la diseñó Carrasquilla, es realmente una imposición del Banco Mundial para garantizar el pago de la deuda externa, así que la derrota es para el servilista gobierno, un sector de la burguesía y de la política del Banco Mundial, que han desconocido el clamor y la protesta de la gente, para blindar sus intereses.
Sin embargo, el plan B del gobierno, como hemos venido señalando, está ligado a buscar un acuerdo con algunos sectores de las bancadas del congreso (Cambio Radical, Partido Liberal), para volver a presentar una propuesta maquillada, pero que su esencia está sustentada en el sacrificio de los trabajadores, la clase media y los pobres. Los grandes poderosos no quieren aportar.
Efectivamente, el camino que Duque dibuja es resolver el debate de la reforma solo en el escenario del congreso, reduciéndolo a las bancadas. Nuestra propuesta es trabajar por exigir un diálogo social real, que permita resolverse con los sectores sociales que hacen parte del proceso de paro, conjugando un diálogo entre todos, que permita recoger los problemas y propuestas que se están planteando en todo el territorio nacional.
El gobierno retiró la reforma y el ministro renunció, la lucha continua. La reforma a la salud que se encuentra en el Congreso perjudica a la mayoría de los ciudadanos, se pretende imponer un modelo que mantiene el pago a las EPS, obligando a cubrir pólizas adicionales para la atención; y las EPS libran su responsabilidad sobre el deterioro de la salud; las empresas multinacionales en la salud pública se ven favorecidas; los programas de vacunación serán lesionados en los municipios; se acaban los regímenes especiales (magisterio y trabajadores de Ecopetrol), entre otros.
En momentos de auge de la lucha popular con un pueblo tan decidido que no retrocede ni en circunstancias de represión tan violenta que llevó a la ONU a decir “que la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban por las reformas fiscales causando varios muertos y heridos”, los dirigentes progresistas y revolucionarios tienen el deber de hacer más eficaz las movilizaciones y poner en primer plano los más urgentes y significativos objetivos de los excluidos y de la clase media: renta básica, cualificación de los servicios de salud y fácil accesibilidad, gratuidad de la educación superior a los estratos bajos y medio, vinculación laboral directa de los médicos y paramédicos con las instituciones sin intermediación de las bolsas de trabajo.
Además, dada la denuncia de las Naciones Unidas deben exigir prioritariamente el desmonte del Esmad y castigo a todos los agentes de la Fuerzas Armadas culpables de atropellos y homicidios. Al cierre de la edición se reportan alrededor de 1181 casos de violencia policial, 761 detenidos arbitrariamente, 26 asesinatos (Temblores ONG. 2021), entre otros casos y las cifras tienden a seguir creciendo. No más adquisiciones de aviones de guerra en un país que tiene más de 90 años de no participar en conflictos bélicos con otro país.
En estos días el pueblo está dando todo de sí: imaginación, resolución y valentía, por eso el éxito parcial. Ahora los dirigentes tienen que ponerse a la altura de ese pueblo que exige democracia plena y superación de los regímenes oligárquicos que nos han expoliado por más de 200 años.
