El tema va más allá de contenidos jurídicos o aspectos personales. Es una expresión de un modelo de Estado que se busca configurar, en el cual es base estructural un organismo sumiso a las élites; un poder vinculante de su jurisprudencia
Oscar Dueñas(*)
Ya tienen la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría. Está en la agenda acabar con los órganos límite de las cuatro jurisdicciones. La Constitucional, que después del fracaso de la propuesta de Rojas Pinilla de crear un Sala de Negocios Constitucionales dentro de la Corte Suprema (experiencia que duró hasta cuando la Junta Militar acabó con aquella) y de la Reforma durante el gobierno de Lleras Restrepo (una Sala Constitucional, pero decidían conjuntamente con las Salas Civil, Laboral y Penal) sólo vino a consolidarse un verdadero tribunal constitucional cuando se le otorgó independencia en la Constitución de 1991.
De paso, acabar también con el Consejo de Estado, creado por el Libertador Simón Bolívar, corporación que reafirmó su identidad por la Reforma de Lleras Camargo en el año 1945 y por la fuerza de sus decisiones, especialmente en materia de servicios públicos, reparación directa, decisión de los conflictos laborales que se suscitan dentro de los servidores del Estado. Y, por supuesto, golpear a la Corte Suprema de Justicia que fue núcleo básico de la juridicidad hasta la Constitución de 1991 y que, en su Sala Penal, no goza del afecto del partido de gobierno. El ataque se proyecta, además, contra la Jurisdicción Especial para la Paz.
A la Jurisdicción Especial para la Paz el gobierno la ataca a fondo a fin de evitar que se conozca la verdad. Al Consejo de Estado se lo soslaya. A la Corte Constitucional se la ha denigrado con base en una investigación de un organismo que depende de los Estados Unidos. A la Corte Suprema de Justicia se la acusa de violar derechos fundamentales, en el episodio del juzgamiento al senador Uribe.
Ataques contra las personas integrantes de la Corte Suprema de Justicia no es la primera vez que se hacen; vale la pena recordar que Alfonso López Pumarejo lo hizo en su campaña presidencial del año 1934 y lo mismo aconteció en vísperas del Plebiscito de 1957 pero ni el gobierno liberal ni el naciente Frente Nacional propusieron acabar con la Corte Suprema.
Una Corte feudal
Esas cuatro Altas Cortes serían dejadas de lado por una Corte Única que nacería con componentes feudales porque ese es el talante del gobierno; acrecentándose el problema si se tiene en cuenta que se ha puesto de moda un sistema de reglas (ahora se llaman “Protocolos”) y que llegó para quedarse una digitalización de la justicia al servicio de la ideología neoliberal.
En la actualidad, el tema va más allá de contenidos jurídicos o aspectos personales. Es una expresión de un modelo de Estado que se busca configurar, en el cual es base estructural un organismo sumiso a las élites; un poder vinculante de su jurisprudencia, siempre y cuando sea restrictiva; el empleo de las TIC manejadas a su acomodo; un sistema de reglas o “protocolos” con tinte autoritario.
Una de las tácticas para concretar ese modelo: la Asamblea Constituyente. ¿Por qué esta vía que parece ser la más problemática, en cuanto debe previamente dictarse una ley por un Congreso que podría ser adverso a la convocatoria, luego ser aprobado por una tercera parte del censo electoral (algo difícil de conseguir), para concretarse con una Asamblea elegida por el voto directo de los ciudadanos?
El primer paso es la expedición de la ley que le daría piso a esta manera de reformar la Constitución. Hay un adagio que enseña: piensa mal y acertarás.
Violan la Constitución
Primera hipótesis: supongamos que naufrague la expedición de tal norma. No se deben olvidar estos episodios de nuestra increíble historia patria: La Constitución de 1886 se sustentó en un insólito y opaco plebiscito de municipalidades para aplastar a los cinco Estados Soberanos que le eran adversos al señor Núñez, quien designó a los 18 constituyentes “a dedo”, nombrando a los señores Miguel Antonio Caro y Felipe F. Paúl (sobrino del arzobispo) como delegatarios del Estado Soberano de Panamá, región del país que los dos ilustres bogotanos ni conocían.
Durante el gobierno de Laureano Gómez una Comisión de Estudios Constitucionales elaboró el proyecto para que fuera aprobado por la ANAC, lo paradójico es que esa Asamblea Nacional Constituyente resultó presidida por el expresidente Ospina Pérez con la eficaz ayuda de su eterno secretario, el anticomunista Azula Barrera enterraron lo proyectado por el laureanismo, pero declararon al comunismo por fuera de la ley. Para el Plebiscito se expidieron por la Junta Militar de Gobierno dos decretos violatorios de la Constitución vigente pero la Corte Suprema se inhibió de estudiarlos porque dizque se trataba de derecho revolucionario. La misma Constitución de 1991 se respaldó en dos decretos de estado de sitio beatificados por sentencias que pocos han leído.
La otra hipótesis: Supongamos que se aplica la disciplina para perros o se acude a la “mermelada” y la ley es aprobada. Entonces, viene la atracción de sufragantes. Ya el jefe del partido de gobierno anunció que el envoltorio para la creación de esa Corte Única será “pensión para todos”. Al fin y al cabo, son un millón de personas porque tanto en los regímenes capitalistas como en los socialistas donde se ha establecido lo que se llama la “pensión no contributiva” es para mayores de setenta años y, en Colombia, según los mismos datos oficiales, son 3’013.319, de los cuales la mitad ya están pensionados.
Una historia de despropósitos
Es curioso, por decir lo menos, el tema de la edad en la propuesta de la Corte Única. Se dice que a ella solo pueden acceder prácticamente los de la tercera edad. Es bueno recordar que durante más de medio siglo los jueces y magistrados se jubilaban a los cincuenta años de edad y durante un cuarto de siglo a los cincuenta y cinco años. Fueron centenares los colombianos, ilustres juristas, que ejercieron decorosamente la magistratura siendo jóvenes. Lo importante no es la edad sino ser hombres justos y tener una ideología humanista. Lo cual excluye, de por sí, a los fascistas.
Y, el último paso en la peregrina propuesta: de seguirse dentro de los cauces señalados en la Carta Fundamental, viene la elección de constituyentes y no se necesita ser un adivino para saber quién encabezará la lista del Centro Democrático.
Aparentemente la estrategia está muy bien diseñada. Pero se ha olvidado lo principal: que el telón de fondo es un pueblo que actualmente clama por los derechos a la salud, al trabajo, por un salario digno, por el respeto a la naturaleza, por la libertad y la verdad. Esto desquicia cualquier propuesta de la extrema derecha. Lo de la Corte Única, realmente solo es explicable por la retaliación propia de los uribistas, Las reformas a la Carta Fundamental de una Nación no se han establecido para tan peregrino propósito. Claro que nuestra flamante historia está llena de despropósitos.
(*) Exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional
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