Hasta ahora no hay grandes avances en las mesas que deciden las condiciones laborales para más de un millón 200 mil trabajadores del Estado. Entrevista con dos negociadores
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Ya son varias las semanas transcurridas desde que se inició la negociación de los trabajadores del sector estatal con el Gobierno nacional, en unas conversaciones marcadas por la discusión en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo, PND, en el que varios de sus puntos van en contravía de los intereses de estos servidores.
Pero también, en medio de movilizaciones de educadores, de las manifestaciones de la minga social indígena, ambas exigiendo cumplir con lo acordado en años anteriores, y de la advertencia de la Ministra de Trabajo sobre la falta de presupuesto.
VOZ habló con dos negociadores, quienes asisten a la mesa en representación de los más de un millón 200 mil trabajadores estatales: Francisco Maltés, del ejecutivo de la Central Unitaria de trabajadores, CUT; y Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, para conocer el estado de los diálogos.
Estancamiento
–¿Cómo van las negociaciones con el Gobierno?
–Francisco Maltés. -En la mesa central de los estatales, la semana pasada el Gobierno presentó una serie de propuestas que constan de 60 puntos, donde se recogen temas como plantas de personal, garantías sindicales y carrera administrativa.
En el tema de plantas se presentó una propuesta que no es más que una declaración de buena fe. Pero decimos que un acuerdo real debe tener en qué entidades, número de cargos a ampliar y fecha. Decimos que se debe iniciar este año y continuar en los restantes de este Gobierno. Hay que hacer un cronograma para que las entidades amplíen la planta, de lo contrario no es más que una declaración. Ahí tenemos el meollo con el Gobierno.
–Ante eso, ¿cuáles son las propuestas de ustedes?
–F.M. -La contrapropuesta de las centrales sindicales la haremos el 9 de abril. En esta pediremos, entre otras cosas, que todos los trabajadores que cumplen labores misionales en las entidades públicas sean de planta, que no sean contratistas ni estén por cooperativas ni out sourcing.
En cuanto a carrera administrativa exigimos un sistema de ingreso y permanencia a través del mérito real que mida la experiencia, el conocimiento, y no que haya pruebas abstractas.
Acerca de las garantías sindicales, se exigirá el ejercicio del derecho a la sindicalización sin represalias. Que haya permisos, que se pueda desplazar y no tener descuentos en las entidades por hacer uso de ese derecho, entre otras cosas.
–El punto de garantías sindicales siempre ha sido espinoso para ellos, ¿qué han dicho al respecto?
–F.M. -Lo que nos dicen en garantías es muy superfluo. Decimos que hay que ratificar el convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que habla de las garantías para los dirigentes de los trabajadores. Que no pueden ser despedidos ni desmejorados salarialmente ni en sus condiciones de trabajo.
También que se otorguen los permisos sindicales, porque hoy en muchas subdirectivas de la CUT, sindicatos del magisterio y otras entidades estatales se están negando esos permisos.
–¿Y sobre derechos humanos?
–F.M. –En este tema solicitamos que la Fiscalía acelere las investigaciones sobre tres mil denuncias por obstrucción a la actividad sindical. Esos procesos están quietos hace muchos años. Además, en inspección, vigilancia y control del Ministerio hay muchas quejas contra los nominadores que no negocian los pliegos o que no cumplen lo acordado y tampoco hay investigaciones. En la Procuraduría hemos puesto quejas similares y tampoco pasa nada, hay una inercia del Estado para hacer valer los derechos de los trabajadores. Por eso pedimos que nos den resultados en esas investigaciones.
Un avance
–¿Es verdad que en la única mesa donde ha habido avances es en la del magisterio?
–Nelson Alarcón. -Con Fecode hubo un primer acuerdo en lo relacionado con la financiación de la educación, en el que solicitamos una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que permita aumentar los recursos para educación, salud, servicios públicos y saneamiento básico.
El Gobierno aceptó la necesidad del acuerdo, lo que corresponde a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Para realizar esta reforma se elaborará un acto legislativo consensuado y se creará una comisión de alto nivel con participación del Gobierno nacional con los ministerios de Salud, Vivienda, Hacienda, Educación, la Dirección de Planeación Nacional, la Federación de Departamentos, la Federación de Alcaldes, Fecode y otras instituciones.
La reforma debe ser para incrementar real y progresivamente los recursos. La comisión se instalará dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y tendrá seis meses para elaborar el acto legislativo.
–¿Pero acaso ese punto ya no había sido un acuerdo con el gobierno de Santos, producto de un paro que ustedes hicieron?
–N.A. –Había aceptado una reforma estructural, pero no una reforma constitucional. Ese es el gran avance. Y eso incrementará de manera real recursos para educación, servicios públicos y saneamiento básico.
–¿Qué otros asuntos se van a tratar en esa mesa?
–N.A. -En el tema de educación se busca cerrar las seis brechas en las que hemos concertado con el Gobierno: acceso universal al grado de transición en instituciones públicas; las brechas en canasta educativa; la implementación de la jornada única con condiciones adecuadas; nuevas relaciones técnicas alumno – docente; infraestructura y educación rural.
–¿En qué temas están lejos de lograr acuerdos?
–N.A. –Hasta ahora estamos presentando las propuestas. La metodología adoptada es tocar punto por punto, y vamos en el 1.2 del pliego.
Pero hay temas como las condiciones de la implementación de la jornada única; mejorar las relaciones técnicas; que el Gobierno nacional convoque realmente las juntas de educación en las que se debe discutir las políticas educativas, tanto de los entes territoriales como a nivel nacional; el tema de salud; el fondo de prestaciones sociales del magisterio; derechos humanos y garantías sindicales; entre otros. Por eso esperamos que el Gobierno tenga voluntad para poder llegar a acuerdos.
