
Pavel Santodomingo
@Pavka_UP
Cuando ya casi nada nos sorprende, a menos de 7 días de terminar el actual gobierno, el Centro de Memoria Histórica sale (a contra reloj) a publicar el informe denominado: “Todo paso frente a nuestros ojos: El genocidio de la Unión Patriótica 1984 – 2002”, informe que estuvo engavetado por más de dos años por una sencilla razón: El Centro de Memoria tomó partido sobre el contenido de lo que inicialmente se construyó por parte de la coordinación de la investigación.
EL Centro tuvo dos años para construir un proceso de participación que permitiera que las víctimas y sobrevivientes pudiéramos aportar y validar dicho documento, al fin y al cabo es parte del derecho a la memoria que tienen las víctimas y considerando la complejidad de la victimización que estuvo orientada a la desaparición de un partido político que a pesar del genocidio hoy actúa dignamente de la realidad política del país.
Sin embargo, esto no fue así. Ni el partido, ni las víctimas, ni los sobrevivientes fuimos convocados para contribuir en tan importante propósito, a lo que nos preguntamos: ¿Es correcto publicar un informe sobre la UP sin la participación de las víctimas?
La participación que exigimos tiene que ver con la decisión de consolidar el relato de lo que le ocurrió a la Unión Patriótica, de poder consensuar una versión desde sus diferentes miradas y no solo a “pegar las partes”. Una participación que esté dirigida a satisfacer nuestras necesidades de memoria y nuestro derecho a la verdad y no solo a asistir a múltiples entrevistas y recopilar revisiones de fuentes secundarias.
Durante años exigimos la consolidación de un informe que ahora se desvanece en el aire, lo que fue una lucha por años de las víctimas, hoy es un documento oficial más. Es así como hoy no queremos abrir un debate sobre el contenido del informe, ya habrá tiempo para ello, queremos llamar la atención sobre las formas y en el cómo el Centro de Memoria quiere imponer dicho documento a la fuerza, a pesar de los múltiples llamados que realizamos desde esta orilla.
Se equivocan si creen que guardaremos silencio porque en los agradecimientos del informe nos mencionan en un “excepcional apoyo” de H.I.J.O.S., organización a la que pertenezco, y a que repitan en reiteradas ocasiones lo importante de “la participación de las víctimas”. No se puede publicar un documento que no fue construido y validado adecuadamente con el sujeto del que se está hablando, se trata de los detalles, incluso a participar en la construcción de una ruta para los aportes de las víctimas y la socialización del documento final.
El derecho a la memoria está consagrado por ley, en donde el Centro de Memoria es la entidad de garantizar que la sociedad (en este caso la UP) construya su propia memoria, en tal sentido, la ley prohíbe taxativamente construir versiones oficiales (Ley 1448 de 2011).
Esto no se trata de cálculos políticos, no se trata de dejar este informe antes de que el nuevo gobierno pueda torcer la verdad. Gracias, pero no, las víctimas de la UP no hemos resistido más de 25 años a la impunidad y a las políticas basadas en la negación de responsabilidad del Estado para que al final tengamos que validar a las carreras este informe, no nos prestaremos para este circo.
Por fortuna esta exigencia la hacemos las víctimas y sobreviviente del genocidio de la UP en una voz unánime, la hacemos como partido político, como víctimas, como hijos y sobrevivientes, que a pesar de tener diferencias cerramos filas alrededor de la revictimización que estamos siendo objeto. Ninguna página que hable sobre nosotros, sin nosotros.
Reiteramos que nuestras exigencias consisten en saber “Toda la Verdad”, la que tiene que ver con los años de silencio desde el poder, una verdad que se antepone a la impunidad que reina en nuestro país, “toda la verdad” que nazca desde la voz de las víctimas y no solo la verdad que se acomoda al tamaño y miopía de una entidad del Estado que se presta para publicar su “último informe”.
La verdad no es una cosa, no es un objeto que está allí inmóvil, única, esperando a ser descubierta. Al contrario, creemos en una verdad que se construye a varias voces y de una memoria que no se delega, que tiene legitimidad en cuanto su portavoz no entrega a intermediarios e “intérpretes eruditos” que nos dice cómo debemos contar de “forma razonada” nuestra propia historia.
La verdad a la fuerza, la que se impone, es una verdad del pasado, la verdad que hoy exigimos es una verdad que nazca desde la participación en los territorios, que sea validada por quienes han padecido esta historia.
Lo otro es la institucionalización de una versión que nuevamente nos hace daño.