La propuesta de crear la doble instancia retroactiva para aforados pretende sacar al exministro de Agricultura de la cárcel y posicionarlo como el nuevo candidato presidencial del uribismo
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
Por fin Andrés Felipe Arias fue extraditado a Colombia. El exministro de Agricultura llegó en medio del más absoluto sigilo y no fue presentado ante los medios de comunicación esposado y con cara de derrota como se ha hecho, no sin cierta sevicia, con extraditados como David Murcia o el profesor Miguel Ángel Beltrán. Luego de su reseña en la Dijin fue discretamente conducido hasta las cómodas instalaciones de la Escuela de Caballería, ubicadas en el norte de Bogotá, a pesar de que existe la orden de un Juez de Ejecución de llevarlo a la cárcel de La Picota.
Parece cumplirse así el vaticinio de algunos pesimistas que, ante cierto entusiasmo por la inminencia de tener a Arias pagando su condena en Colombia, advertían que ello paradójicamente podría beneficiarle porque aquí tendría al uribismo en pleno defendiéndole con uñas y dientes tratando de sacarlo de la cárcel así fuera torciendo el Estado de Derecho. Es lo que está sucediendo.
La propuesta de doble instancia
Ahora la extrema derecha ha sacado del sombrero la propuesta de la doble instancia retroactiva para los aforados condenados por la Corte Suprema de Justicia. Dicen que la doble instancia es un derecho inalienable, sagrado, universal para todos los ciudadanos y que los condenados en el pasado por la Corte deben tener el derecho a que se revisen sus sentencias. Que Arias y otros como él, que pagan condenas de cárcel por parapolítica, corrupción o narcotráfico, son víctimas de un sistema injusto y desigual que castiga a quienes no tienen el privilegio de la doble instancia.
La argumentación es sugerente, hay que reconocerlo, pero es falsa. Es sugerente porque nos hace apelar a un principio fundamental de la democracia que es la igualdad: en una democracia no hay privilegios, todos tenemos los mismos derechos. Por ello todos tendríamos el derecho a la doble instancia y aforados como Arias no la han tenido porque en 2014, cuando fue condenado por la Corte, no existía esa figura para quienes gozaban de fuero.
Es falsa porque vende un privilegio como si fuese una desventaja. El fuero del que gozan los altos funcionarios del Estado, como los ministros, consiste en que si cometen un delito siendo funcionarios públicos (por ejemplo, desviar 23 mil millones de pesos de los campesinos pobres hacia los financiadores de su campaña política) tienen el privilegio de ser investigados y juzgados por la Corte Suprema y no por un juez cualquiera.
Por eso se llama fuero, porque es un privilegio. Es mucho más garantista ser juzgado por una alta corporación que por un juez y luego por otro juez, mientras se intentan superar todos los escollos del sistema judicial, como nos toca al común de los ciudadanos.
El fuero es un diseño institucional pensado en función de la estabilidad del régimen. Se creía que gracias a él era casi imposible tumbar o meter a la cárcel a un alto funcionario del Estado y que eso garantizaría la gobernabilidad, como de hecho ha sucedido. Por ejemplo, todos conocemos la casi absoluta ineficacia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde tuvo que llegar el caso de un impresentable como el exmagistrado Jorge Pretelt (acusado de recibir sobornos y de tener fosas comunes en una de sus haciendas) para que el Congreso lo destituyera. Sin embargo, no todo ha sido así. Tal vez la única instancia del poder público que medianamente ha cumplido con esa función de control ha sido la Corte Suprema cuando comenzó hace trece años a investigar y condenar a los congresistas parapolíticos.
Es decir, Arias y los demás de su pandilla de malhechores han tenido todos los privilegios que brinda el sistema judicial colombiano para los altos funcionarios y aun así han sido condenados. Ya quisiéramos los ciudadanos del común ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, así fuese en una sola instancia. Por eso la propuesta de conceder la segunda instancia a los aforados condenados no tiene nada que ver con la igualdad de derechos. Es una patética maniobra para sacar de la cárcel a Arias y de una vez a todos los condenados por parapolítica, quienes pedirán su libertad mientras se resuelven sus apelaciones.
El del presidente Uribe
Y aquí viene la pregunta más inquietante: ¿Por qué? ¿Por qué el uribismo se juega lo poco que le queda en credibilidad y favorabilidad intentando sacar de la cárcel a un delincuente prófugo? ¿Qué tiene Andrés Felipe Arias?
Recordemos que Arias era “el del presidente”. Ese era su lema de campaña cuando comenzó poniendo vallas en Antioquia anunciando su precandidatura presidencial a nombre del Partido Conservador en 2009. Recordemos también que el Consejo Electoral de la época, una institución nada sospechosa de ser castrochavista, prohibió las vallas y ordenó al ingenioso político retirarlas por violar el Código Electoral. “Es mejor que esas verdades tan crudas no se digan tan de frente”, habrán pensado los magistrados.
Recordemos que, a pesar de sus maniobras, Arias perdió por los pelos la consulta interna del conservatismo con Noemí Sanín y que hasta allí llegó su aspiración. Luego vino la investigación penal, la condena y su huida a los Estados Unidos. Mientras tanto su mentor, Álvaro Uribe, se quedaba sin sucesor. Lo intentó con Santos en 2010, triunfó y luego afortunadamente lo “traicionaron”. Lo intentó con Zuluaga en 2014 y perdió. Lo intentó con Duque en 2018 y ganó, pero ha sido un desastre.
Lo que tienen en común los tres intentos fallidos es que, en su momento, los protagonistas han declarado incondicionalidad absoluta al líder como garantía de que todo seguirá como cuando él estaba en el poder. Es decir, todos han querido imitar a Arias en su condición de “elegido”. Todos han sido Arias impostados, falsos. El problema es que Andrés Felipe sí es el auténtico Arias.
La única posibilidad del uribismo
Santos tenía una agenda propia y para Uribe siempre fue sujeto de desconfianza. No le gustaba su liberalismo y le inquietaba que tuviese tantos apoyos, pero no tuvo opción. Zuluaga y Duque son obedientes, pero sin carisma y sin liderazgo, lo que llevó a que el primero perdiera y a que el segundo convenza cada vez menos a la ciudadanía.
Arias no. Él tiene la sagacidad de Santos y encarna el talante uribista del que siempre presumió sin necesidad de recibir órdenes. El no necesita impostar el acento de cura de pueblo, no necesita posar de autoritario como lo hacía Santos, no necesita disfrazarse de competente como lo hacía Zuluaga, ni necesita venderse como un joven ingenioso como lo intenta sin éxito el actual presidente.
No, Arias sí es un tipo preparado en las lides del poder –demasiado preparado, no por otra cosa está preso–, sí es conocido por la opinión pública –es reverenciado por los uribistas como una especie de Nelson Mandela– y encarna el talante autoritario y neoconservador que caracteriza la ultraderecha más recalcitrante. Por eso lo quieren presentar como víctima, sacarlo de la cárcel y devolverle sus derechos políticos.
Él es la última posibilidad que tiene el uribismo de mantenerse en el tiempo como un proyecto político posible. Uribe sabe que no tiene más títeres que puedan volver a convencer al electorado. Ni Paloma ni Carlos Holmes son candidatos viables para el 2022. Sin Arias, la ultraderecha la tiene muy difícil para mantener el poder.
