Aún no hay respuesta por los daños morales y económicos que ocacionó esta acción de la Fiscalía. Hablan extrabajadores de Merkandrea
Edgar Rey Montañez
Pasado un año y cuatro meses desde que el exfiscal General de Nación, Néstor Humberto Martínez, ordenó la expropiación de los supermercados Merkandrea, Supercundi y Mercafusa, pertenecientes a los hermanos Mora Urrea, acusados de testaferros de las FARC, no hay evidencias jurídicas o pruebas de hecho para confirmarlo.
La mencionada acusación recayó en una reconocida familia de la región de Sumapaz, que durante décadas comercializó productos de primera necesidad en el sur de Bogotá.
Merkandrea es un supermercado con historia. Fue el primero en proyectarse como una propuesta comercial distinta, a finales de los 70. Pedro Diego Mora y Bertha Urrea, padres de los hermanos Mora ensayaron con pequeñas tiendas en los barrios Santa Librada y Almirante Padilla de la localidad de Usme. La venta al detal y de mercados a crédito hizo parte de la estrategia.
En hojas de cuaderno llevaban el control de las ventas y premiaban a los clientes con cajas de fósforos o bocadillos; a los más amigos doña Bertha les brindaba una copa de aguardiente.
Como producto del trabajo de padres e hijos construyeron un autoservicio para la venta de víveres y mercancías, que para la época representó un nuevo concepto de negocio, modelo a replicar en otros sitios.
La larga trayectoria de los Merkandrea contrasta con versiones de la Fiscalía, expresadas por la Directora de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, quien aseguró que existen evidencias que relacionan a esta familia con las FARC y a Bertha Urrea con el Mono Jojoy.
Las acusaciones según la versión de un abogado consultado y que conoce el caso “carecen de razonabilidad, están fundadas en falsos testigos, informes sin rigor, mediocres, sin experticia”.
Para los residentes del sector es una falsa acusación y un exabrupto.
Hablan extrabajadores
VOZ entrevistó a varias de estas personas hoy extrabajadores de los Merkandrea.
Anita Ladino trabajó 20 años con ellos y aseguró que durante ese tiempo no vio ningún vínculo de los Mora Urrea con la guerrilla. “No, nunca, ellos siempre estaban ahí, colaboraban con el surtido, pendientes sábados y domingos, todos los días, todos los días”.
Agrega Anita que el crecimiento de los supermercados no fue de la noche a la mañana, los fueron ampliando año por año. “Por eso la gente que conoció ese crecimiento los apoya, salieron a manifestarse, cosa que nunca pasaron por televisión o por la radio”.
Se refirió al apoyo que trabajadores, clientes, proveedores, amigos y madres comunitarias le brindaron a la familia Mora. “Ellos no paran de preguntar, qué ha pasado y cómo están las cosas”.
Alfonso Galindo quien trabajó 10 años, en el supermercado del barrio la Andrea, dijo: “Aquí el gobierno nos echó todo abajo y nos dejó en la ruina a empleados y a la familia Mora”.
Se refirió a que la comunidad de los barrios vecinos los conoció desde hace muchos años, cuando iniciaron con negocios pequeños vendiendo papa y huevos, “pero no entienden que ellos compraban a crédito a 30, 40, y 60 días, en cantidades, por lo que obtenían descuentos y podían dar buenos precios. El Gobierno piensa que era por lavado de activos y a mí no me consta, nunca vi nada; hasta a mí me acusaron que llevaba comida a Sumapaz, nunca fui a allá”.
Agrega que la comunidad de La Andrea y otros barrios han expresado su disposición de enviar firmas, extra-juicios o lo que se requiera, para atestiguar que ellos comenzaron ahí hace unos 27 años.
“Detrás de esto están Uribe y el presidente. Aquí venían los campesinos a vender sus productos porque se ahorraban el viaje a Corabastos, el pago del peaje y los Mora eran cumplidos en el pago. En un solo almacén trabajábamos más de 100 personas y no quedan 20, necesitamos que los devuelvan, estamos mal moral y económicamente”.
Diego Castro, quien trabajó en la oficina de Recursos Humanos confirma que hay madres cabeza de familia que fueron despedidas, “les terminan el contrato y ya”, en los cinco Merkandrea, se pasó de 220 empleados vinculados a menos de 80, según su versión, los que están administrando no quieren saber nada de los Mora.
“Hicieron firmar unas hojas y resultaron diciendo que teníamos contratos a tres meses y presionaron psicológicamente diciendo que nos iban a sacar y fueron sacando a la gente”, recuerda Anita.
Tildados de guerrilleros
“Dijeron que éramos guerrilleros sin voz ni voto, que yo no hablara porque era guerrillera igual que ellos, refiriéndose a los Mora”; recuerda Anita que fueron los términos utilizados por los depositarios de la Fiscalía para referirse a ella.
Las denuncias de los trabajadores también son por el robo de dinero en el operativo. “Sí, ellos se sacaron la plata, yo estaba en el almacén del Lucero, en la oficina, cuando llegaron los señores de la Fiscalía, rompieron las cajas fuertes y sacaron maletadas de dinero”, narró Diego.
Recursos Humanos de Merkandrea.
Anita fue testigo de algo igual en el supemercado de la Andrea, “llegaron con bolsos y abrieron las cajas fuertes a donde permanecía la plata de las ventas del viernes, sábado y domingo para pagarle a proveedores el plan puente, que es comprar en diciembre y pagar en febrero. El dinero de la venta de esos días estaba ahí en las cajas fuertes del tercero y cuarto piso, los vimos salir con las maletas llenas y se fueron”.
Según Anit, en el Merkandrea que ella administraba las ventas seguían siendo buenas, en un fin de semana de abril vendieron 470 millones de pesos entre sábado, domingo y lunes festivo, pero dejaron de pagar proveedores y de surtir almacenes, por lo que deducen que los están acabando.
Este nuevo caso es considerado por muchos un falso jurídico que se orquestó para ocultar escándalos de corrupción tipo Odebrecht, falsos positivos, entre otros y atacar la implementación del proceso de paz derivado de los acuerdos de La Habana.
Después de varios meses no existen evidencias serías para demostrar el vínculo de los Mora Urrea con dicha organización y ha quedado en el vacío el show mediático con las mentiras del exfiscal General de la Nación, quien tendrá que responder junto a sus cómplices por las consecuencias económicas, morales, de afectación al buen nombre de personas y familias víctimas de esta celada, que también es contra la paz.
