En la larga trayectoria de lucha de los ecuatorianos por la defensa de sus intereses, expulsaron del poder a varios presidentes que quisieron imponer el modelo neoliberal de desarrollo. Derrotaron el Consenso de Washington y liquidaron la base militar norteamericana de Manta
Alberto Acevedo
Al cabo de cuatro horas de intensa negociación, el pasado domingo 13 de octubre, Arnaud Peral, mediador de las Naciones Unidas en las protestas que por más de una semana estremecieron a la nación ecuatoriana, anunció a la opinión pública nacional e internacional, que se había logrado un acuerdo, y que las autoridades indígenas impartían a sus bases sociales la orden de levantar los bloqueos en calles, parques y carreteras y regresar a la normalidad institucional. El presidente Lenín Moreno había dado el brazo a torcer y echaba para atrás el decreto que imponía alzas en los combustibles y otras medidas económicas impopulares.
“Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador, nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país”, dice el documento, suscrito por representantes de las partes en la mesa de negociación.
De inmediato, Ecuador entero fue invadido por una sensación de alivio y de alegría, que lanzó a las calles a centenares de miles de personas de toda condición social, hasta niños y ancianos, que, en el caso de la capital, se concentraron en el parque El Arbolito, epicentro de las mayores protestas contra el actual mandatario y en forma espontánea comenzaron a corear, al unísono: ¡Sí se pudo, sí se pudo!
Es el modelo
Siete muertos, 1.340 heridos, alrededor de cien desaparecidos de acuerdo a organismos de derechos humanos, centenares de detenidos, 12 días de huelga nacional y millones de dólares en pérdidas materiales, es el resultado del anuncio hecho por Lenín Moreno el primero de octubre pasado, que encendió la protesta, una de las más beligerantes y organizadas en la última década, no solo del poderoso movimiento indígena, sino de obreros, estudiantes, campesinos, contra unos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que condicionó un préstamo de 4.200 millones de dólares a tomar las medidas de ajuste, conocidas por los ecuatorianos como el “paquetazo”.
No eran solo las medidas económicas anunciadas por Moreno, lo que estaba en juego e hipotecaba el futuro de la nación ecuatoriana. Se trató de la aplicación de un modelo global, de la versión local del neoliberalismo; era el cumplimiento de la ruta anunciada en los compromisos del gobierno con el FMI.
El pueblo ecuatoriano, que tiene una larga experiencia de lucha contra este tipo de disposiciones draconianas, fue capaz de derrotar el paquete de medidas económicas de Lenin Moreno que, en forma arrogante, respondiendo a la protesta en los primeros días de movilización, dijo que el decreto no tiene marcha atrás, que las medidas de ajuste van y que no iba a alcahuetear con subsidios de la nación a unos ‘zánganos’.
Efecto inflacionario
El desafío al pueblo no era de poca monta. Primero, por lo grotesco del aumento en las tarifas de los combustibles, de alrededor de un 123 por ciento, al desmontar unos subsidios que se venían dando desde hace 40 años. Pero, además, porque el decreto consideraba, a partir de su expedición, libertad de precios en los combustibles, con un reajuste mensual que se prolongaba en el tiempo en formas indefinida.
El problema es que un ajuste mensual en el precio de los combustibles tiene un poderoso efecto inflacionario, que a su vez frena la productividad y pone la economía en una situación compleja, pues incrementa los precios de productos y servicios.
“La gente tiene menos dinero y menos capacidad adquisitiva para comprar en el mercado, el mercado se mueve cada vez más lento, y variables como el empleo se pueden caer mucho, así como el crecimiento general de la economía”, dijo el economista ecuatoriano Erik Mozo, citado por la agencia de noticias RT.
Al lado de estas medidas de efecto inmediato, Lenín Moreno anunció el envío al Congreso de un paquete de reformas económicas y laborales para su aprobación. Una de las que más llama la atención tiene que ver con la “flexibilización” de las condiciones de empleo, es decir, empujar a los trabajadores a la precarización de su trabajo.
Metiéndole la mano al bolsillo al pueblo
La iniciativa incluye, establecer un 20 por ciento menos del salario actual a los contratos ocasionales. Recorte de las vacaciones en el sector público, al pasar de 30 a 15 días de descanso remunerado. Esta norma se aplicaría, por extensión al sector privado. Se estipula además el descuento de un día de salario a cada trabajador, para financiar el déficit fiscal del Estado.
Antes del paquetazo, Moreno venía suprimiendo ministerios y agencias del Estado, precipitando despidos masivos en el sector público. Había impulsado la privatización de empresas como la aerolínea Tame, Correos del Ecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ya en la última versión del presupuesto nacional había dispuesto una drástica reducción en los rubros para educación, cultura y salud.
En las últimas décadas, ningún gobierno, ni siquiera los más neoliberales, habían tomado medidas tan drásticas, debido al efecto demoledor sobre la macroeconomía del país.
Una victoria del pueblo
Pero, además, en el manejo de la represión contra la protesta social, en esta ocasión Lenín Moreno cruzó la raya y manchó sus manos de sangre. Al momento de instalarse la mesa de negociaciones, en la noche del pasado domingo, entre las primeras intervenciones de los líderes de la protesta estuvo la una indígena, Sorayaku, que le dijo al presidente: “usted es un asesino, un criminal que ordenó matar a su pueblo, cargará con esa responsabilidad por ello y será juzgado por la historia”.
En la larga trayectoria de lucha de los ecuatorianos por la defensa de sus intereses, expulsaron del poder a varios presidentes que quisieron imponer el modelo neoliberal de desarrollo. Derrotaron el Consenso de Washington, liquidaron la base militar norteamericana de Manta. En esta ocasión pusieron contra la pared al presidente Moreno, quebraron su arrogancia y lo obligaron a derogar el decreto 883 que intentó imponer el paquetazo.
“No venimos a negociar nuestra dignidad. No venimos a negociar la memoria de nuestros caídos”, fueron las primeras palabras del líder indígena Jaime Vargas, vocero de la Conaie, al sentarse a la mesa de negociaciones con el equipo del gobierno. Ese fue el espíritu que se impuso en la mesa. Se echó para atrás el acuerdo con el FMI. Fue una victoria del pueblo. Esta batalla la ganaron los de abajo.
