El Gobierno incumple acuerdos en el Catatumbo, y ante descontento de los lugareños, les envía la fuerza pública, autora de violencia y desmanes
Carolina Tejada
@carolltejada
Los habitantes de este territorio olvidado por el Estado no quieren permitir que además del abandono estatal, la oleada de violencia que conllevó a que cientos de campesinos e indígenas de la región se vieran obligados a abandonar sus tierras después del ingreso de grupos paramilitares a la zona entre 1999 y 2005, lo cual produjo que, según cifras del DANE de 350 mil personas que habitaban allí, solo quedaron 198 mil.
Estas cifras son gracias al desplazamiento forzado y el asesinato de más de 10 mil personas en menos de cinco años. Quienes sobrevivieron a esta larga noche de la guerra, iniciaron un proceso de reconstrucción del tejido social y económico de la región, pero la ausencia de garantías por parte del Estado para salir avante en condiciones dignas, ha sido insuficiente.
VOZ, ha registrado en sus páginas la actual situación económica de esta región, y ha relatado cómo la crisis económica por la que atraviesan miles de familias las ha llevado a que, del cultivo de pan coger, se dediquen a los cultivos de uso ilícito, como la hoja de coca, marihuana y amapola.
Sin embargo, conocidos los acuerdos de La Habana, los cultivadores, que son humildes campesinos, decidieron acogerse al punto cuatro de los acuerdos en los que se habla de la solución al problema de las drogas, y de la necesidad de una sustitución de los cultivos.
Una visita de verificación
Esta visita se desarrolló en el municipio de Sardinata, corregimiento de San Martín de Loba el pasado 29 de septiembre. La motivaron las acciones desmedidas a las que llego el establecimiento en cabeza del Gobierno nacional, después del cumplimiento a los acuerdos a los que había llegado con la comunidad campesina en relación a la erradicación escalonada y consensuada de los cultivos de uso ilícito, como está firmado en los acuerdos de paz. Este acuerdo de sustituir los cultivos beneficiaría a un promedio de 15 mil personas de esta región.
Sin embargo, días después de lo acordado con el Gobierno, el mismo ministro de Defensa ordenó a través de los medios de comunicación la erradicación forzada de 25 mil hectáreas. Y, en la madrugada del pasado 16 de septiembre, hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, ingresaron a la zona y produjeron daños materiales y agresiones físicas a las comunidades, que en razón de los incumplimientos trataron de impedir la erradicación violenta.
Los lugareños y los líderes campesinos que se declararon en asentamientos campesinos por la presencia de miembros de la fuerza pública en la zona, compartieron las denuncias.
Entre esos hechos se menciona que, gracias a los fuertes ataques del Esmad en contra de la comunidad campesina que se encontraba en asentamientos, por fuera de los cultivos de hoja de coca, resultaron dos personas gravemente heridas. Se trata de Cenén Serrano, habitante de la vereda Corintos, por sus graves agresiones por parte del Escuadrón. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, sin embargo Cenén perdió sus dos testículos. Según expresó la comisión de verificación, tendrá que ser ingresado nuevamente a cirugía por secuelas del trauma testicular, pues este le ha causado inflamaciones desconocidas en las piernas.
Otra de las personas que resultó gravemente herida es José del Carmen Chacón, habitante de la vereda Corintos. Esta persona recibió impacto directo por una de las bazucas que manipula el Esmad. Ese impacto le ocasiona una gran fisura estomacal, motivo por el cual fue conducido en estado de gravedad a la clínica Santa Ana en donde todavía permanece.
Daños materiales
En las denuncias presentadas por la comunidad, existe un reporte de un total de 14 motocicletas dañadas pertenecientes a campesinos que se encontraban en los asentamientos, todas claramente identificadas con número de placa. Otras pérdidas materiales están relacionadas con la quema de utensilios y elementos personales como hamacas, cobijas, elementos de limpieza, además de ropa, la cual fue quemada, así como fueron destruidos y quemados documentos de identidad, llaves de vehículos y viviendas.
También se registraron afectaciones a una de las fincas de la zona. Según el dueño de la propiedad, los efectivos armados del establecimiento ingresaron sin dar aviso y procedieron a la instalación de las unidades de la fuerza pública, en este lugar se reportaron las siguientes perdidas; destrucción de media hectárea de cultivo de caña y 15 hectáreas de pasto de potreo debido a los constantes aterrizajes de helicópteros y por la presencia de unidades de la fuerza pública dentro de los cultivos. Además de la pérdida de 22 cabezas de ganado que en medio de la presencia de helicópteros y la presencia militar se desaparecieron.
Exigencias de la comunidad
Los habitantes denuncian que el capitán del ejército, Héctor Hueso Figueroa, aún permanecen en la zona aledaña a la vereda de la finca, lo que ha generado incomodidad, a pesar de que aseguran que solo están ahí por seguridad.
Desde las organizaciones de derechos humanos, quienes acompañan a las mismas comunidades, se exige que se abran las investigaciones pertinentes ante el uso desmedido de la fuerza pública. Las acciones violentas dejaron como saldo dos campesinos gravemente heridos y exigen que los derechos de las personas sean resarcidos e indemnizados por las afectaciones en contra suya. Además del pago de los daños materiales. Igualmente se exige que, tanto la procuraduría, la defensoría y la personería, acompañen el proceso y se le garantice los derechos a la comunidad de la protesta social.
Este proceso de verificación fue acompañado por Jorge Villamizar, Defensor Regional de Norte de Santander, junto con un equipo de profesionales de la misma institución, el Personero Municipal de Sardinata, algunos delegados de derechos humanos de la Marcha Patriótica. También hubo acompañamiento internacional IAP y unas delgadas del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.
