Rubén Darío Arroyo Osorio
El uso de la fuerza física, poder de las armas o medios simbólicos, en contra de otra persona, grupos, partidos o comunidad, con el propósito de neutralizar sus ideas y acciones o eliminarlas en atentados, homicidios o cualquier otra argucia, especialmente si estas son opuestas o simplemente diferentes, a quienes detentan el poder o denuncian a las mafias, ha sido una práctica inveterada en la historia nacional: José María Córdoba, Antonio José de Sucre, José María Obando, Rafael Uribe Uribe, la masacre de las bananeras, Gonzalo Bravo Pérez y otros cientos de estudiantes y docentes librepensadores, Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal y todo el genocidio contra la UP, Carlos Mauro Hoyos, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, Carlos Pizarro, Guillermo Cano, Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Roldan Betancur, Isaías Duarte Cancino y Jaime Garzón son muestra fehaciente de ello.
En esta coyuntura en que se pretende mostrar reconciliación ya van 10 ex guerrilleros de las FARC asesinados aunque estos compatriotas hayan dejado el uso de sus armas y estén cumpliendo los acuerdos de paz con el gobierno y 186 líderes sociales asesinados, entre 2016 y 2017, de los cuales en este año son 52, sin que el Estado de señal de superar tal impunidad.
De la corrupción, las cifras y los nombres abundan por doquier: los investigados, procesados y encarcelados por apropiarse de los dineros públicos y todas las prácticas malsanas de quienes fueron gobierno con Uribe Vélez, Pastrana o Santos; los Nule, y peor aún, los hermanos Moreno Rojas y todos los traidores y felones indignos del Polo Democrático, los cómplices del rey del Cambio Radical, la ñoñomanía, en fin, la fauna depredadora es inmensa. En el momento en que manejaban los hilos del poder su gobernabilidad parecía legítima, solo eso, parecía, no lo era.
Pero la gobernabilidad es un asunto complejo y va más allá de la conducción de los gobernantes, las instituciones, normas que las regulan y cierta estabilidad política. Requiere transparencia, manejo eficiente de los recursos, que resuelvan las demandas de sus conciudadanos que deben participar en la toma de decisiones cruciales del gobierno, en un ámbito de democracia real, como requisito sine qua non, que viabilice los procesos de transformaciones políticas, cambios económicos y logros de beneficios para la mayoría de los ciudadanos. Esto es, “la convivencia y el consenso efectivo en donde todos los actores políticos, económicos y sociales desempeñen un papel particular”. Qué lástima que toda teoría se desvanezca aquí por sólida que sea, si seguimos en esta perversión de aparentar democracia y ejercer nuevas tiranías.
