Organizaciones sociales defensoras de derechos humanos expresan su preocupación por la represión policial a protestas, que reclaman comida para los barrios populares, empleo, agua potable y acceso a los servicios de salud
Alberto Acevedo
Las medidas de cuarentena dispuestas por casi todos los gobiernos del mundo, para contrarrestar la rápida expansión de contagios de coronavirus, han puesto de relieve numerosos casos de violaciones de derechos humanos, sitúan de nuevo sobre el tapete la cuestión del respeto de todos los derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Con los ojos puestos en esta problemática, el pasado 23 de abril el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que la pandemia del coronavirus está generando una crisis de derechos humanos, debido a las medidas adoptadas por diferentes gobiernos, los discursos de odio, las sanciones a países que centran sus esfuerzos en el combate a la pandemia, y en general, la discriminación y los ataques contra grupos vulnerables (negros, latinos, la desatención a los viejos frente al contagio), etc.
“La pandemia del covid-19 es una emergencia de salud pública, pero es muchos más. Es una crisis económica. Una crisis social. Y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”, dijo Guterres al presentar un informe en materia de derechos humanos en el marco de la emergencia sanitaria mundial.
La dignidad humana en el centro
Recordó que en febrero pasado hizo un llamado a la acción para colocar a la dignidad humana y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el centro del trabajo de la comunidad internacional ante la pandemia. “Como dije entonces, en tiempos de crisis, los derechos humanos no pueden ser una ocurrencia tardía. Y ahora enfrentamos la mayor crisis internacional en generaciones”.
La situación es clara, insistió el funcionario, porque el enfoque en los derechos humanos debe ser prioritario y puede ayudar a vencer la pandemia, reafirmando la necesidad de una atención médica para todos.
Coincidiendo con la posición de las Naciones Unidas, la organización Amnistía Internacional presentó recientemente un decálogo de derechos humanos en tiempos de crisis, medidas que se deben aplicar para grupos vulnerables como migrantes, mujeres y víctimas de violencia de género, o personas que estén viendo degradados sus ingresos a raíz de la desaceleración económica por la pandemia.
Medidas de duración limitada
“Las cuarentenas -dice AI-, en particular las que afectan el derecho a la libertad y la seguridad personales, solo son permisibles si se llevan a cabo de manera no discriminatoria y, aunque respondan, como en este caso, a una necesidad pública o socialmente acuciante, si tienen una finalidad legítima y son proporcionales a ella. Deben ser de duración limitada y revisarse periódicamente, y si hay varios tipos de limitaciones posibles, debe adoptarse la menos restrictiva”.
“Los Estados deben garantizar que todas las personas y comunidades tengan acceso a una información clara, accesible, oportuna y significativa sobre la naturaleza y el grado de amenaza para la salud, la información sobre las posibles medidas que se tomen para mitigar los riesgos, y también a información de alerta temprana sobre las posibles consecuencias futuras y las iniciativas de respuesta en curso”, puntualiza Amnistía Internacional.
Entre tanto, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos expresan su preocupación por las medidas de restricción de las libertades y la vigilancia electrónica de las comunidades por parte de los Estados. La represión policial a manifestaciones de protesta, que reclaman comida para los barrios populares, empleo, agua potable y acceso a los servicios de salud.
Reducen presupuestos
Para algunos Estados la economía tiene que funcionar a toda costa, ignorando los peligros de la pandemia para los trabajadores en riesgo, mientras que al mismo tiempo esos Estados no tienen como ofrecer a la población suministros médicos o alimentos oportunos. Ni siquiera tienen una red de salud digna.
Por décadas se han venido reduciendo los presupuestos de inversión en salud, privatizando los servicios de atención en salud, vivienda, educación, transporte, agua potable, indispensables para el disfrute de los derechos humanos.
Estas medidas operan mediante los programas de ajuste estructural impuestos por la banca internacional. De esta manera los gobiernos no solo renuncian a la soberanía nacional, sino a su obligación de garantizar el disfrute de todos los derechos humanos a todos los pueblos.
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