Nidia Jaydivi Colorado García
Desde el 28 de abril se inició un estallido social en todo el territorio nacional, surge desde la profunda necesidad social de las organizaciones y sectores populares de expresar su inconformidad con respecto al gobierno de Iván Duque.
La juventud, protagonista del grueso del proceso de movilización y resistencia, junto a la minga indígena, las organizaciones de mujeres, el campesinado, los transportadores, las organizaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientalistas, organizaciones LGBTI y el Comité Nacional de Paro, CNP, entre muchos otros sectores populares emergentes, han evidenciado las agudas e históricas contradicciones sociales de nuestro país.
El paro nacional se expresa en grandes y multitudinarias jornadas de protesta a nivel nacional, en creativas expresiones juveniles, múltiples marchas feministas, interrupciones pacíficas de las vías, variedad de asambleas populares, caravanas, mítines, plantones, entre muchas otras propuestas sociales de rebeldía. El movimiento social generado en el marco de la protesta exige un cambio social importante, evidencia principalmente la actitud agresiva del Estado y la sistemática violación de derechos humanos, ha develado la verdadera cara fascista del partido de Gobierno y la desmedida militarización de la fuerza pública.
Con respecto a los acercamientos entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno nacional durante los últimos días, estos se encuentran en una situación bastante tensa debido a la actitud displicente de la presidencia frente a las más de 2.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas. En este contexto se observa violencia por parte de la fuerza pública dirigida contra las mujeres, enfocada en la violencia sexual, física y psicológica.
El terrible caso de Alison Meléndez en Popayán, quién estaba grabando una marcha, estremeció a todo el país porque visibilizó la mentalidad misógina del Esmad y el exceso de la violencia oficial en las manifestaciones.
Por otra parte, la militarización del país por medio de la figura de la asistencia militar no garantiza el derecho constitucional de la protesta en medio de un acercamiento entre las partes, por esto el CNP ha planteado como prioridad ante el Gobierno un marco de garantías para la protesta y la negociación, en las que se establece la desmilitarización del territorio, el retiro del Esmad en las protestas, las veedurías sobre las armas letales y no letales con efectos letales, el acompañamiento y seguimiento internacional en los procesos de denuncia de violaciones de derechos humanos.
También los protocolos de atención a las violencias contra las mujeres, las diversidades y las violencias basadas en género, la judicialización de los responsables de los crímenes cometidos por la fuerza pública, el esclarecimiento de alrededor de 100 personas desaparecidas hasta ahora reportadas y la liberación de las personas detenidas entre otras garantías.
Igualmente, el CNP deja constancia pública ante el Gobierno y la población de la necesidad de desmontar el Esmad, debido a todos los excesos de fuerza desatados contra la población civil y como ruta hacía el des-escalamiento de la violencia estatal.
Cabe anotar que la voluntad política expresada desde el poder ejecutivo queda en duda con la reciente renuncia del Comisionado de paz, quien se ha comprometido parcialmente con el proceso siendo las garantías su único objetivo y no el proceso de negociación. En ese orden se cuestiona la continuidad del proceso, la mediación política y nuevamente la voluntad del Gobierno nacional para negociar con el CNP.
