La respuesta institucional a los problemas de seguridad y las economías ilegales, sigue atrapada en la lógica de la confrontación armada
Alberto Acevedo
En la base militar norteamericana de Tolemaida, y en presencia del embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, el pasado 6 de febrero el presidente Iván Duque, rodeado de la cúpula militar, lanzó la nueva Ley sobre “Política de Defensa y Seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad”, que promete ser la hoja de ruta de la actual administración en lo que genéricamente se denomina la defensa de la nación y la lucha contra el crimen organizado.
Simbólicamente, el anuncio se hace en la mayor de siete bases militares norteamericanas en el país y ante el embajador Whitaker, para que no quepa duda de la intrincada relación en materia de seguridad y cooperación militar entre el Pentágono norteamericano y la Casa de Nariño. Cooperación que tiene que ver no solo con el afianzamiento de la obsoleta doctrina de la seguridad nacional, sino con el compromiso de Colombia con una política exterior diseñada por la Casa Blanca, que apunta a desestabilizar los gobiernos progresistas de la región, en primer lugar el de Venezuela.
Según los boletines de prensa entregados por el Ministerio de Defensa, y difundidos profusamente por distintos medios de comunicación, la nueva doctrina busca fortalecer la capacidad militar de defensa, “disuadir las amenazas y asegurar la defensa en el ámbito terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y en el ciberespacio”.
Germen del paramilitarismo
Junto a una plataforma tecnológica, que promete ser de lo más avanzado, la nueva doctrina plantea la creación de una red de informantes, compuesta por un millón de soplones, que deberán reportar lo que consideren “cualquier anomalía” en materia de seguridad, desde las más apartadas regiones del país.
Bajo las dos administraciones de Uribe Vélez, ya se había ensayado esa modalidad de construir redes de colabores, que terminaron siendo un verdadero desastre. No solo porque se comprobó que cualquier ciudadano o campesino, para quitarse de encima un vecino incómodo, para correr unos linderos, o apoderarse de alguna de sus propiedades, lo denunciaba como delincuente; sino porque esos grupos terminaron siendo caldo de cultivo para la formación de grupos de “autodefensa”, verdaderas estructuras paramilitares.
Reclama en este sentido el apoyo de los ciudadanos a la fuerza pública, un grado de patriotismo que en Colombia jamás se ha dado a cabalidad, porque el ciudadano, antes que ver un apoyo, ve en los uniformados a potenciales enemigos. Que lo digan los estudiantes, los huelguistas o las personas que han sufrido verdaderas palizas por parte del Esmad durante sus protestas.
Recursos para las transnacionales
Otro eje central de la doctrina de seguridad del presidente Duque es el enfrentamiento a lo que denominan grupos armados organizados, metiendo en el mismo costal a grandes narcotraficantes, al microtráfico, el contrabando, el delito cibernético y, claro está, a la guerrilla del ELN. En este aspecto, la política de seguridad y defensa de Iván Duque propone dar un tratamiento igual al problema de las economías ilegales, al de la guerrilla, a expresiones del crimen organizado, es decir, no sale de la lógica del conflicto armado, copia fiel de la doctrina de la seguridad nacional del gobierno de Uribe Vélez, que resultó ser un fracaso.
Llama la atención la idea de incluir por primera vez a los recursos ambientales como un bien estratégico de la nación, para su defensa. Tiene tanto de largo como de ancho. Protege ciertamente a los inmensos recursos del subsuelo de las economías ilegales. Pero al asumir su control por su condición de estratégicos, golpea los intereses de la pequeña minería, le cierra el paso a las consultas populares para evitar fenómenos como el del fracking, recientemente avalado por una comisión de expertos “independientes”.
Pero podría ser que disponga de inmensas reservas de agua o de materiales estratégicos, para entregarlos a empresas transnacionales, que andan en pos de su control, como acaba de suceder en Argentina, que entregó las mayores reservas de agua dulce del continente a empresas de capital norteamericano.
Rendición incondicional
Se cuida la ley de defensa y seguridad nacional de dejar claro que, hacia el futuro, bajo ninguna circunstancia se contemplará un cese bilateral del fuego con ninguna organización al margen de la ley. Una eventual negociación futura dependerá de dos condiciones: a) que el grupo criminal con el que se negocie se concentre en un espacio geográfico determinado, y b) que previamente haya cesado todo tipo de actividad criminal.
Es decir, es una política de sometimiento, dirigida especialmente hacia el ELN. Al que le cierra las puertas del diálogo y le dice que sentarse a una futura mesa de negociaciones será únicamente bajo condiciones de rendición incondicional. Es decir, aceptar en la mesa una derrota militar que nunca consiguieron las fuerzas armadas en la confrontación directa en el último medio siglo.
La ley de seguridad del presidente Duque, tiene otras muchas aristas dignas de analizar. Una, sin embargo, merece la pena reseñar. Al defender la idea de que existe un nuevo escenario internacional, que requiere nuevos niveles de cooperación con los aliados tradicionales -dígase Estados Unidos y las potencias occidentales- se hipoteca la doctrina nacional de la seguridad a los intereses expansionistas de los Estados Unidos en la región, particularmente con los planes de agresión contra Venezuela.
Entre la guerra y la paz
La intención de alcanzar una doctrina de la seguridad nacional, acorde con las condiciones del posconflicto, no deja de ser un tema que apasiona a muchos, y que debe involucrar a los sectores democráticos del país. Ni en la nueva doctrina de seguridad de Duque ni en el Plan Nacional de Desarrollo se trazan estrategias para fortalecer la paz, desarrollando los acuerdos de La Habana, suscritos con la más antigua formación insurgente del país. Y este es un aspecto medular que hay que examinar.
El otro aspecto es el de la orientación general de la estrategia. Que en lo fundamental, no difiere en mucho de la política de seguridad democrática del expresidente Uribe. Lo que se debe discutir es el tipo de fuerza pública que requiere el posconflicto. La Fuerzas Armadas y de Policía no pueden seguir como rehenes de la doctrina de la seguridad nacional, del ‘enemigo interno’ y de la guerra interior, diseñadas por el Pentágono y el Comando Sur de los Estados Unidos.
El país debe mirar, si su política exterior y de defensa, se alinderan en la construcción de una doctrina de paz para el continente, si atienden los esfuerzos del Mecanismo de Montevideo y de las Naciones Unidas por una salida negociada a la crisis de Venezuela o termina al servicio de los intereses belicistas de Trump, de Mike Pompeo, de John Bolton y de la OTAN.
