El fenómeno de El Niño, combustibles costosos y las secuelas de la pandemia tienen en dificultades financieras al sector eléctrico. Las reservas de energía hidráulica y térmica existentes aseguran el suministro para hogares y empresas. No hay lugar al pánico mediático
Iván Posada Pedraza
En el marco de la privatización de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en específico el de la energía eléctrica, este quedó segmentado en tres procesos: generación, trasmisión y comercialización, es decir, empresas diferentes ejecutan diversas actividades para que hogares y proveedores puedan utilizar el fluido eléctrico.
Por supuesto que al ser una actividad con ánimo de lucro, cada actor del proceso va por una rentabilidad pues operan bajo el esquema costo-beneficio, es decir, cuanto invertir para obtener determinado porcentaje de utilidad. (Gráfico 1)
Parte del problema
Con ocasión de la pandemia las comercializadoras congelaron las tarifas como alivio temporal a los hogares y empresas con posibilidad de diferir los valores no cobrados hasta por cinco años que hoy día suman 5,8 billones de pesos y a final de este año podrían llegar a los ocho billones.
Por este motivo no disponen de efectivo para operar y XM, el operador mayorista del mercado eléctrico nacional, simplemente no les vende energía, por lo cual el comercializador debe ir al mercado, a la bolsa, donde es mucho más costosa ($1.000/kilovatio) en comparación del precio del mayorista, $280/kilovatio, o sea, 3,5 veces. De este modo pequeños y medianos comercializadores quedan sujetos a una especie de chantaje por el generador mayorista.
En esta competencia entre actores, el perdedor final es el usuario que está asumiendo la utilidad de los diversos operadores en la respectiva factura. (Gráfico 2)
La normatividad
La Ley 142 de 1993 autorizó a la empresa privada para prestar servicios públicos domiciliarios, es decir, acabó con la exclusividad que tenía el Estado sobre estos. La filosofía de esta ley es que el sector público y privado entren en competencia y que el usuario decida quien le presta mejor servicio de acuerdo a unas tarifas.
Esta ley creó también, para el caso de la energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, una de cuyas funciones es autorizar las tarifas que las empresas someten a su consideración.
El caso de Electricaribe deja en evidencia la nula capacidad de intervención del Estado cuando la empresa privada suministra los servicios públicos. Cuando se liquidó, la nueva empresa que asumió Afinia (filial de EPM), puso como condición, que los costos por las pérdidas técnicas y por conexiones fraudulentas fueran asumidas por los usuarios en las facturas, cláusula que fue concertada con esta Comisión, causa por la cual, las tarifas en la región Caribe tienen incrementos de hasta el 50 por ciento.
Otros factores
La demanda de energía se ha incrementado a causa del crecimiento de la población, de los servicios y del comercio, en tanto, la oferta no ha subido en la misma proporción. Hidroituango, que debería generar el 17 por ciento de energía, entró en operación parcialmente; otros proyectos tienen retraso para generar por temas de licencias ambientales y permisos.
A septiembre de este año la capacidad de los embalses para generar energía estaba en promedio en 78 por ciento, nivel que permite enfrentar la disminución de lluvias que se avecina con ocasión del fenómeno de El Niño, lo cual aleja cualquier posibilidad de racionamiento.
Por otro lado, la energía térmica que se genera con base en el carbón, el gas natural y propano, que es mucho más costosa por los altos precios de los combustibles, genera 30,5 del total nacional, en tanto la hidráulica 66,8 por ciento.
Propuestas
Tres factores de riesgo en el sector energético han coincidido en la actual coyuntura: combustibles caros, insolvencia de las comercializadoras y el fenómeno de El Niño.
Para sortear esta crisis la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, gestionó una línea de crédito por un billón de pesos a las comercializadoras. Por otro lado, el Gobierno nacional está acelerando los desembolsos pendientes de los subsidios otorgados en pandemia. Y finalmente, el ejecutivo está otorgando créditos puente de corto plazo, entre otros. No es necesario crear pánico sobre un supuesto racionamiento cuando las condiciones con relación a 1992 son totalmente diferentes.
Aparte de los temas coyunturales, la ley de servicios públicos, requiere una reestructuración de fondo para rescatar la finalidad social del Estado en esta materia.
El ministro de Minas y Energía Andrés Camacho afirmó que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal desarrollado en los últimos treinta años”. (Portafolio, octubre 10 de 2023)
El mensaje es claro, este modelo apartó al Estado como actor económico y redujo su papel a lo regulatorio y sancionatorio. Es estratégico que el Estado recupere el poder decisorio sobre políticas públicas que van a incidir sobre 52 millones de habitantes.
