El pasado lunes 8 de julio de 2019, la institución educativa fue evacuada porque en uno de los baños fue encontrado un artefacto explosivo con un panfleto firmado por las Águilas Negras amenazando a “todos los mamertos”
Alcides Ortiz
El mes de febrero del año 2000 comenzó como muchos otros en Barranquilla. Los cielos despejados y los vientos alisios del noreste que se abrían paso estrepitosamente por la ciudad, anunciaban que el Carnaval estaba por venir.
El ambiente, que comenzaba a ser festivo, se vio interrumpido cuando en la Universidad del Atlántico, que es el principal centro de educación superior del departamento, estallaba un artefacto explosivo en la sede de la organización estudiantil Alma Máter, dejando como resultado la muerte de los estudiantes José Luis Martínez Castro y Adolfo Lara.
En menos de 30 minutos y sin ninguna clase de investigación previa, las autoridades en cabeza del comandante de la Policía del Atlántico de la época, el Brigadier General Héctor Darío Castro, afirmaban que la responsabilidad había sido de los dos jóvenes fallecidos, según él, por encontrarse manipulando explosivos; pero la triste realidad era que la institución, y el departamento en general, se encontraban ya bajo el asedio de la violencia paramilitar, que en el caso particular de la universidad cobraría las vidas de decenas de estudiantes, profesores y trabajadores.
Limpieza Social
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, el accionar del paramilitarismo en el Atlántico consistía, entre otras, en la llamada “limpieza social” que buscaba con homicidios selectivos exterminar cualquier tipo de ideas contrarias a sus intereses. La Universidad del Atlántico, cuna del pensamiento crítico, fue una de las principales víctimas de esa política de exterminio, por la que se condenó al comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio.
Más adelante, y luego del traslado de la universidad del centro a las afueras de la ciudad, el 24 de octubre del 2006 nuevamente la institución de educación superior volvía a ser noticia, porque una bomba detonó en la caseta del estadio de béisbol matando a los integrantes del movimiento estudiantil Darwin Peñaranda, Dreiber Melo, Yuri Martínez y José Saballeth.
En esa ocasión las autoridades volvieron a señalar que se trataba de un descuido de los estudiantes al manipular entre 15 y 20 kilos de pólvora, que supuestamente usarían al día siguiente en las manifestaciones en contra del aumento de las matrículas. Esta versión fue descartada cuando se comprobó que el artefacto que se detonó utilizaba C4, de uso exclusivo de las fuerzas militares.
La rectora de la época, que fue impuesta por el gobierno Uribe para liquidar la institución, después de aceptar el informe de la policía afirmó públicamente que la situación podría tener relación con “personas que no quieren los cambios en la universidad”.
Los hechos recientes
El pasado lunes 8 de julio de 2019, la universidad fue evacuada por la Policía Nacional porque en uno de los baños del quinto piso del bloque D, fue encontrado un artefacto explosivo con un panfleto firmado por las Águilas Negras amenazando a “todos los mamertos”. El aparato fue detonado de forma controlada por la policía después de haber evacuado completamente las instalaciones.
Esta situación se suma al periodo de convulsión institucional que vive la universidad desde hace un año, que comenzó cuando el rector permitió el ingreso de mercenarios armados con palos y cuchillos, para que disiparan el campamento que se adelantaba en el marco de las manifestaciones por el presupuesto de la educación superior en el país, además de los escándalos de acoso sexual a estudiantes en los que se vio involucrado el mismo rector, que ocasionaron que la Procuraduría lo suspendiera por tres meses, sin perjuicio de la investigación en curso.
Las coincidencias
Cuando analizamos estos hechos encontramos varias coincidencias. En primer lugar, que este tipo de acciones se han presentado cuando el movimiento estudiantil ha mostrado tener mayores desarrollos y una potente capacidad de movilización para abanderar sus reivindicaciones históricas, como la no privatización de la educación y la democracia universitaria; lo que hace evidente que estas arremetidas violentas son intentos por silenciar a uno de los sectores sociales con más potencial transformador en el país.
En segundo lugar, en las tres ocasiones mencionadas existen claras confrontaciones con la rectoría, porque los y las estudiantes quieren una institución en la que los sectores políticos tradicionales del departamento, o del país, no tengan sus manos clientelares y corruptas en la universidad.
En un tercer momento, siempre que han ocurrido estas situaciones se hacen bajo la mirada indiferente de los gobiernos de turno, y de una Fuerza Pública que tiene por costumbre señalar al mismo estudiantado, salvándose a sí mismos de la responsabilidad que tienen, ya sea por su complicidad con las estructuras o personas que cometen los hechos violentos y amenazantes, o por su inacción frente a los mismos.
A manera de propuesta
La violencia ha sido un factor común en nuestro país, y en la actualidad, con un Gobierno que quiere devolvernos a la oscuridad de la guerra, las bombas, los asesinatos selectivos, la represión y la estigmatización minan la posibilidad de seguir construyendo la paz que tanto anhelamos para Colombia. El papel de los estudiantes debe ser trabajar por la paz democrática sin vacilaciones.
Para el caso concreto de la Universidad del Atlántico, algunos sectores han abrazado una propuesta que puede ayudar a evitar que siga creciendo la inestabilidad en la institución y a que cese la violencia: una Audiencia Pública, impulsada por la bancada alternativa del Congreso de la República sobre lo que ocurre en la universidad, ayudaría a visibilizar lo que ha venido ocurriendo, y a buscar soluciones que afectan al centro de educación superior más importante del departamento del Atlántico.
