Mientras organizaciones ambientalistas han luchado por el acceso al agua y su reconocimiento como derecho fundamental, el Estado se mantiene indiferente y sus acciones siguen siendo precarias e insuficientes
Sergio Salazar
@seansaga
Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro en 1992, surgió la propuesta de celebrar el Día Mundial del Agua cada 22 de marzo. Dicha fecha fue refrendada mediante resolución de la Asamblea General del mismo organismo, siendo 1993 el primer año celebrado.
El objeto de la efeméride es recordar la relevancia que tiene el agua para la vida en la Tierra. Cada año es más evidente. A pesar de los esfuerzos institucionales, la brecha mundial por el acceso a agua potable de calidad sigue siendo gigante: 2.200 millones de personas viven sin acceso al líquido vital, y gran parte de ello se da en países de bajos recursos económicos.
Como reto global se encuentra el de llegar a 2030 con agua y saneamiento para toda la población mundial, teniendo en cuenta que los dos son derechos humanos reconocidos explícitamente por la Asamblea General de Naciones en 2010 y 2015. Tal objetivo se ve lejos de cumplir. Además de la anterior cifra de acceso, también hay ejemplos que dan para reflexionar.
Cuando se generó el estado de alarma mundial por la propagación de la covid-19, uno de los mensajes ha sido que lavarse las manos es esencial para prevenir el contagio de dicha enfermedad, así como muchas otras de tipo infeccioso. Sin embargo, según Unicef cerca de 3.000 millones de personas en el mundo no tienen cómo lavarse las manos ya que no cuentan con instalaciones ni jabón para ello en sus hogares. Cerca del 75% de dicha cifra es en países “pobres”, a la cual se suma que también en ese perfil de países, cerca de la mitad de las escuelas y el 16% de las instalaciones médicas o alrededor no cuentan con facilidades para el lavado de manos.
Coincidiendo con la fecha, en los últimos años con cada celebración se presenta el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Este año la temática es sobre el “valor” del agua (no el precio), en la perspectiva de poner sobre la mesa los intereses de las personas y a consideración de las altas presiones de sectores de alto consumo de agua como la agricultura o la industria.
Si bien dicho informe no se conocía a la fecha de salida del presente artículo, a continuación se presenta una breve descripción de cómo estamos en Colombia en términos de la información oficial disponible de los derechos humanos al agua y al saneamiento, y en contraposición qué conflictos sociales se han documentado en torno al agua. Eso puede darnos luces sobre el antagonismo de las visiones del valor del agua.
Abastecimiento y saneamiento
El reporte oficial de Colombia a Naciones Unidas con relación al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible de agua y saneamiento para todos tiene datos que ofrecen una buena fotografía de cómo estamos en la garantía de dichos derechos humanos. Respecto al total de la población colombiana, el 73% tiene acceso a servicio de agua potable adecuado, 65% cuenta con facilidades básicas para la higiene como el lavado de manos, tan solo el 17% tiene cobertura de servicio de saneamiento adecuado y el 23% de las aguas residuales domésticas es tratada adecuadamente.
No hay un reporte del porcentaje de cuerpos de agua con buena calidad del agua. Se reporta que apenas el 2% de los recursos hídricos están bajo “estrés hídrico”, es decir, la cantidad de extracción de agua dulce en proporción a los recursos de agua dulce disponible considerando las necesidades ecosistémicas (caudal ecológico). Tal indicador es llamativo ya que en Colombia no se ha podido avanzar en una norma para el establecimiento de caudales ambientales dada la gran presión del sector hidroeléctrico que genera cerca del 70% de la energía con el agua de nuestros ríos. Se menciona que la implementación de la Política de Gestión Integral del Recurso hídrico está en un 57%.
Conflictos ambientales y del agua
El atlas de justicia ambiental (ejatlas.org) es una herramienta en internet que permite visualizar conflictos sociales en torno a cuestiones ambientales. En el listado de países por orden de conflictos, Colombia está en el sexto puesto con 129 casos reportados confirmados. Por el tamaño de los países en los primeros cinco puestos (India, Brasil, Estados Unidos, China, México), el caso colombiano es llamativo y confirma el efecto de años de implementación de una política extractivista a favor del capital transnacional. Dada la universalidad del agua en la actividad humana, gran parte de esos conflictos están asociados directa o indirectamente con el agua y/o los ecosistemas acuáticos (ríos, humedales, lagos, lagunas) y sus rondas hídricas (zonas de transición entre los ecosistemas acuáticos y los terrestres).
El reto actual
En Colombia se intentó incorporar el Derecho Humano al agua en la Constitución Política con una iniciativa popular impulsada en 2008 mediante un referendo. Años después se intentó vía parlamentaria. En los dos casos no ha sido posible. El argumento oficial es que no es necesario ya que la normatividad tiene blindadas las prioridades de consumo siendo la primera la del consumo humano y existe un régimen tarifario que ayuda a subsidiar a los estratos más bajos.
Eso es cierto, así como también que se ha venido avanzando en la implementación de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico desde 2010, pero las mismas cifras oficiales ponen en evidencia que a pesar de la normatividad, una cifra importante de colombianos sigue sin disfrutar de los derechos humanos tanto al agua potable como al saneamiento, y que una parte importante de la gestión de dichos servicios básicos está en manos privadas. Igualmente, las cifras sobre conflictos ambientales y en particular sobre el agua así lo refrendan.
Lo anterior nos llama a reflexionar sobre la necesidad de una política seria y efectiva que ponga como una de sus prioridades el agua desde una visión pública y de preservación y restauración de los ecosistemas acuáticos y sus rondas hídricas. La normatividad así lo respalda, la cuestión es tener la voluntad para generar el marco organizativo y financiero que la haga viable y efectiva.
La mercantilización del agua, y el seguir permitiendo más alteraciones en el territorio a favor de los grandes proyectos de interés particular, seguirán abriendo la brecha social respecto a un líquido invaluable para la vida y la salud de la población presente y futura. De todos depende favorecer el cambio en la balanza para dar paso a gobiernos a todos los niveles (nacional, departamental, municipal) alineados con la justicia ambiental y los derechos humanos al agua y al saneamiento.
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