La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y una buena parte de su gabinete, fueron capturados el pasado sábado 13 de marzo, atendiendo a una disposición de la juez Regina Sánchez Cruz, quien ordenó la captura y retención de los implicados en un proceso abierto por la fiscalía. La orden determina que serán privados de la libertad por el término de cuatro meses, mientras avanza la investigación judicial, a fin de garantizar que los acusados no entorpezcan el proceso ni intenten escapar de la acción de la justicia.
A los detenidos se les imputan cargos por los delitos de “terrorismo, sedición y conspiración” por su participación en los hechos que desembocaron en el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Mortales, en noviembre de 2019. Un aspecto medular del proceso, que en la actualidad adelanta la fiscalía de la Paz, se relaciona con la brutal represión contra las gentes que salieron a protestar contra los golpistas, particularmente las masacres de las poblaciones de Sacaba y Senkata, donde murieron 30 personas, más de 800 resultaron heridas y al menos 1.500 fueron detenidas.
Antes de librarse las órdenes de captura, la Defensoría del Pueblo había publicado un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, en el que se concluyó que el gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al incurrir en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.
Los principales cabecillas
En un mensaje en su cuenta personal, el expresidente Evo Morales introduce un elemento nuevo, al afirmar que “la dictadura saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia”, y pidió un juicio a los responsables. En efecto, durante la gestión de la presidenta de facto, la economía boliviana, que alcanzó cifras de desarrollo reconocidas como exitosas por la banca internacional, se hundió en medio de la improvisación, el despilfarro y la corrupción, hasta el punto de resentir notablemente el nivel de vida de la población.
Junto a la exmandataria fueron detenidos también Palmiro Jarjui, comandante de la Armada, Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea, el general Gonzalo Mendieta, excomandante del Ejército; el exlíder militar e instigador del golpe, Flavio Arce San Martín, jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército cuando se produjo el golpe; Álvaro Coímbra, exministro de Justicia, Rodrigo Guzmán, exministro de Energía; Luis Fernando López, ministro de la Presidencia, y el exministro de Defensa, entre otros funcionarios del gabinete anterior.
Organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA, han salido a reclamar “garantías” para el proceso. Los expresidentes de la derecha boliviana Carlos Mesa y Jorge Quiroga, cómplices del golpe, condenaron la captura de los exfuncionarios. La misma exmandataria de facto, en un trino dijo: “Denuncio ante Bolivia y el mundo que, en un acto de abuso y persecución política, el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe que nunca ocurrió”.
El gobierno de Luis Arce dijo por su parte que no existe ningún tipo de persecución política contra Áñez. En realidad, lo que ha hecho el gobierno boliviano es dar un paso en dirección a la restauración del orden constitucional y el Estado de Derecho, lo que implica llevar ante la justicia a los responsables de la asonada. Es una lección para que en el futuro la derecha racista lo piense dos veces antes de usurpar el poder que no le dieron las urnas.
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