Carlos Fernández
En menos de dos días, se presentaron dos hechos que están íntimamente relacionados. Por un lado, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley 1943 de 2018, llamada ley de financiamiento, consistente, en esencia, en una reforma tributaria, y, por el otro, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2020, antes del 20 de octubre, fecha límite para la aprobación del presupuesto anual.
¿Qué relaciona estos dos eventos?
La ley de financiamiento fue la forma legislativa de decir que, como el presupuesto para 2019 estaba desfinanciado, había que reformar el estatuto tributario para obtener los recursos faltantes. En ella se introdujeron normas que implicaban alivios fiscales para los grandes empresarios, mezcladas con medidas de aceptación popular como un impuesto a las bebidas azucaradas. Populares para los que tienen conciencia del mal que hacen estas bebidas pero inaceptables para quienes todavía hacen el almuerzo colombo-francés: una Colombiana y un pan francés.
Algunos analistas económicos señalaron que la ley de financiamiento podría generar, en vez de aumento de los ingresos fiscales, disminución de los mismos, si se tiene en cuenta que dicha ley disminuye la tasa de impuesto a la renta para las empresas y, además, el reciente comportamiento de la tasa de cambio implica aumentos en la deuda externa asumida en divisas extranjeras (euro, dólares) y en el precio de las importaciones tanto de las entidades estatales como de las empresas que importan artículos que hacen parte del consumo popular.
Pero, hay que decirlo, la Corte Constitucional hizo algo insólito: declaró inconstitucional la ley, por vicios de forma, pero sólo a partir del primero de enero de 2020. Es decir, la ley es constitucional hasta el 31 de diciembre del presente año y, luego, se vuelve inconstitucional, para que el Gobierno nacional pueda recaudar, en 2019, los recursos que, según sus promotores, recaudaría y pueda solucionar los vicios de forma por los cuales la ley fue declarada inconstitucional. De lo que no se habla, es de que la ley de financiamiento tiene demandas por cuestiones de fondo que la Corte debe resolver. Y ojalá que lo haga antes de que se apruebe en el Congreso la misma ley sin vicios de forma.
El presupuesto aprobado, por su parte, fue elaborado sobre la base de que la ley de financiamiento estaba vigente. Como dijimos en artículo anterior, el presupuesto para 2020 también es deficitario, es decir, hay más de 16 billones de pesos sobre los que no hay claridad acerca de cómo serán financiados. Así lo denunciaron dos congresistas, Wilson Arias y Juan Castro, tal como lo habían hecho en la discusión para primer debate.
El déficit, según el Gobierno, será financiado con la venta de la participación accionaria del Estado en varias empresas (aunque les dicen que no a los congresistas, está en la mira la participación del Estado en ISA) y con «otros recursos de capital» no suficientemente esclarecidos, al punto de que los ponentes gobiernistas que presentaron la ponencia positiva para el segundo debate señalaron la necesidad de que el Gobierno hiciera más explícito cuáles participaciones de cuáles empresas iba a enajenar y en qué consistían los llamados otros recursos de capital.
El presupuesto y la paz
Los ponentes gobiernistas que presentaron ponencia favorable para que el Congreso aprobara la ley de presupuesto con las modificaciones acordadas con el ministro Carrasquilla en sesiones en el Ministerio de Hacienda –a las que no quisieron asistir los congresistas de la bancada de la oposición- afirman que «este proyecto incluye los recursos para continuar con la implementación y ejecución del Acuerdo de Paz». En realidad, lo que se incorporó para este rubro es producto de los congresistas de la oposición y no es suficiente para las necesidades que genera la implementación del Acuerdo.
La paz fuera del discurso
La característica principal del proyecto de Presupuesto General de la Nación y del presupuesto aprobado no es sino la muestra de lo excluyente de la oligarquía colombiana. Por una parte, dicen haberle dado a la educación el mayor presupuesto de la historia pero el rubro más grande del presupuesto de gastos sigue siendo el pago de la deuda. Las entidades relacionadas con el proceso de paz, sobre todo las relacionadas con el primer punto del Acuerdo (reforma rural integral), fueron objeto de adiciones provocadas por el Congreso gracias a la presión de los congresistas de oposición. Pero el rubro de la paz sigue sin una financiación clara y suficiente.
O sea que mientras el presidente se pavonea hablando de paz en Colombia, sus metas presupuestales están lejos del Acuerdo y de lo que significa su implementación.
¿Qué hacer con el presupuesto?
Las partidas presupuestales asignadas mediante ley siguen siendo objeto de pequeñas disputas en el seno del Congreso para que queden incluidas partidas para obras locales y regionales impulsadas por los congresistas. En realidad, lo que hay que cambiar es la forma de elaborar y aprobar el presupuesto. Hacerlo participativo –sin mermelada-, orientado a los sectores socialmente estratégicos, buscando devolverle los impuestos que pagan los que deben pagarlos a los sectores más vulnerables de la población y lograr que la distribución del ingreso sea diferente antes de impuestos y después de impuestos.
